El proyecto se va a desarrollar en la Municipalidad de Balatan, en la provincia de Camarines Sur, en la Región Bícol. Balatan tiene una superficie total de 66,38 Km2, que suponen menos de un 2% de la superficie total de la provincia y que se distribuyen entre sus 17 distritos administrativos territoriales como unidades de gobierno local (barangay). El proyecto, si bien tiene actuaciones que impactaran en todo el municipio, concentra sus esfuerzos en los 6 barangays costeros (Coguit, Duran, Siramag, Luluasan, Pararao y Camangahan) que cuentan con el 65% de la población.
La población de estos barangays se encuentra en situación de alto riesgo frente a Tifones por su situación geográfica, ya que el 90% de los Tifones con entrada en Filipinas tienen efecto en el área de intervención. Toda la población ha sido víctima de la cadena de tifones del año 2020 (tifón Quinta del mes de octubre y tifones Rolly y Ulises (noviembre del 2020) siendo este último el más devastador de todos y que alcanzó el nivel 4. Dicha cadena de tifones ha tenido consecuencias especialmente severas a 4.788 familias del municipio, afectando sus medios de vida, dañando un total de 509 casas y provocando daños a infraestructuras, sistemas de producción agrícola y de pesca y edificaciones públicas por casi un millón y medio de euros.
La población también se encuentra en zona de riesgo por diversos fenómenos adversos (Tsunamis, inundaciones, fuertes vientos, deslizamientos y sequías) y la deficiente conexión geográfica de las poblaciones con el resto del territorio (la Municipalidad se encuentra separada de los principales municipios limítrofes (Bato, Bula y Nabua) por una zona montañosa y boscosa que condiciona su acceso y cuenta con una única vía nacional que ha de hacer frente a un gran desnivel) agravan la situación e intensifican la vulnerabilidad de la población que, además no tiene acceso a centros de evacuación adecuadamente habilitados, sino que debe acudir a instalaciones adaptadas alternativas o recurre a familiares o amigos para su evacuación.
La ausencia de suministro energético alternativo a la red eléctrica nacional, con cortes frecuentes, especialmente durante las catástrofes naturales, las mínimas actuaciones de protección contra la erosión del suelo en las riberas fluviales, los asentamientos irregulares en zonas costeras expuestas a riesgos naturales, así como las limitadas capacidades municipales para hacer frente a la problemática, reflejada en el diagnóstico participativo (Ver Anexo. Diagnostico Participativo), son factores que pueden agravar aún más las situaciones de desastres
A pesar de considerar a toda la población vulnerable por su situación geográfica, el diagnóstico identifica diversos factores de vulnerabilidad de la población entre los que destaca la situación de pobreza generalizada, condicionada también por la propia vulnerabilidad geográfica y medios de vida no resilientes con pocas posibilidades de desarrollo. En algunas comunidades toda la población o casi la totalidad de la población se encuentra en situación de pobreza. Las mujeres se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a la organización social y familiar y se ha detectado un grado insuficiente de aplicación de la perspectiva de género en la definición de las actuaciones para la prevención de riesgos frente a desastres ocasionados por fenómenos naturales. Además, el diagnóstico refleja que se carece de planes de adaptación comunitarios al cambio climático y de contingencia por parte de las administraciones locales involucradas, al igual que las infraestructuras y servicios disponibles para proteger a la población en situación de vulnerabilidad en casos de desastres son insuficientes y con limitados recursos a su disposición para su mejora. Por otro lado, a través del diagnóstico se ha constatado el debilitamiento del entorno medioambiental como barrera de protección natural frente a los desastres
