FILIPINAS: UNA PANDEMIA ENTRE TIFONES REPLANTEA LA METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN

Filipinas es el tercer país más propenso a riegos naturales (el riesgo de desastres naturales es de 7.8 y de tifones 9.2) las comunidades se han acostumbrado a estos eventos. Desafortunadamente, las familias y las comunidades todavía no están preparadas y se encuentran desprevenidas para los fenómenos naturales de alta intensidad, debilitando su seguridad económica, ambiental, alimentaria y sanitaria. Y si a estos le sumas estar pasando por medio de una pandemia global, que está poniendo al límite las capacidades preventivas y de atención de países con bajos recursos médicos como Filipinas, los efectos pueden ser devastadores.

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Cómo ya hemos hablado en artículos anteriores, las medidas del gobierno con esta pandemia están limitando los derechos de la población en situación de mayor vulnerabilidad, situación que se acentúa con los desastres naturales, provocando efectos debilitantes en las vidas y los medios de vida, donde se minan las iniciativas del país para sostener el desarrollo humano y el disfrute de DDHH. El derecho de las poblaciones a alimentos, agua, refugio, casa, salud y salubridad se vulnera aún más cuando las comunidades quedan aisladas debido a desastres. La pobreza de gran parte de la población filipina (el 26,3% población vive con menos de 174 euros al mes, datos 2016) aumenta su vulnerabilidad ante los desastres naturales, creándose una espiral perversa y viciosa de pobreza que es necesario afrontar.

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Aunque la vulnerabilidad a la que se enfrentan algunos colectivos es mucho mayor que la de otros. Las mujeres y las niñas se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, puesto que sufren más por enfermedades sexuales y reproductivas; en las emergencias las mujeres y jóvenes son las más afectadas, son especialmente vulnerables frente a la violencia sexual y al acoso, por falta de mecanismos de prevención. Además, los roles de género se acentúan más siendo ellas las que incrementan su actividad doméstica y de cuidados. La falta de asistencia por parte de las unidades de gobierno, sumado al desconocimiento de sus derechos y al miedo de las supervivientes, lleva a que los casos de violencia de género y violencia sexual no salgan a luz y queden reducidos a la esfera doméstica.

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Ante esta situación, el trabajo que FRS desarrolla con las comunidades en situación de mayor vulnerabilidad debe ser multidimensional, atendiendo principalmente a su falta de derechos. Se mejorarán las medidas de prevención y actuación de los gobiernos locales ante desastres naturales, se mejorará la integración de las comunidades más vulnerables a través de las OSC en los espacios de decisión para la ejecución de planes y la creación de políticas que mejoren las intervenciones de los gobiernos. Se activan mecanismos de promoción y defensa de los derechos de las mujeres, en especial, ante situaciones de desastres naturales donde su situación de vulnerabilidad aumenta. Se pondrá especial atención a la resiliencia comunitaria a través de la capacitación en prevención ante el COVID19, así como del cuidado medioambiental y su sostenibilidad, reduciendo a su vez las consecuencias del cambio climático.